SOBRE DESVIACIONES EN COSTES Y PLAZOS, II

Como continuación a la entrada del día 27 de mayo, propongo alguna ideas que, en mi opinión pueden contribuir a mejorar el panorama de los proyectos de infraestructuras de transporte en lo que se refiere a la precisión en la predicción de plazos y presupuestos.

Por supuesto que no espero que con ello quede solucionado un problema que presenta múltiples facetas, pero si creo que las ideas que se exponen a continuación pueden ser de alguna utilidad. Presentadas de forma muy sintética son las siguientes:

• Establecer en la normativa de redacción de proyectos la obligación de realizar un análisis exahustivo de los riesgos que pueden aparecer en la ejecución de la obra y ligar ese análisis a la fijación del presupuesto y los plazos de ejecución, de modo que uno y otro aparezcan conectados a un cierto nivel de probabilidad, de modo que la autoridad correspondiente pueda elegir ambas cifras sabiendo el grado de probabilidad de que no sean superadas, ademas de conocer las circunstancias que podrían dar lugar a que presupuestos y plazos excediesen del valor de licitación. 
• Lo anterior podría servir para mejorar los procedimientos de adjudicación ya que permitiría valorar las diferentes ofertas sabiendo el riesgo que se asumiría por la Administración al aceptar determinadas bajas o reducciones de plazos. Sería también posible verificar la coherencia de las ofertas al conocer qué riesgos asume el contratista en su oferta, facilitando así futuras negociaciones.
• Formar a los técnicos de las Administración que dirijan las obras en la materia de gestión de riesgos, es decir en su identificación, valoración de la probabilidad de su aparición, efectos, y asignación a la parte mas capaz de mitigarlos.
• Exigir, a la entrada en servicio de una infraestructura, un informe final sobre los riesgos que se han materializado durante su ejecución,  la gestión que se ha llevado a cabo de los mismos y sus efectos en el presupuesto y plazos finales. Este informe sería realizado por el director de la obra y serviría para disponer de un depósito de experiencias que mejoraría la gestión de proyectos posteriores.
• Prolongar durante al menos 12 meses el periodo de información pública, previamente a la decisión definitiva sobre el trazado.
• Regular el modo de organizar las relaciones entre las distintas Administraciones, con competencias que afecten al proyecto, estableciendo periodos de consulta con plazos suficientes y dotados de transparencia.
• Una vez cumplidos los trámites normativos y logrado un acuerdo entre Administraciones, hacer ese acuerdo vinculante para las Administraciones participantes, con independencia de los cambios que pudieran producirse en los siguientes procesos electorales.
• Plantear de forma realista los plazos para la realización de los trámites administrativos de forma que estos no puedan reducirse mas que por razones de urgencia perfectamente tasadas por las normas
• Establecer la obligación para la Administración de disponer, en el momento de la adjudicación, de un alto porcentaje de los terrenos disponibles, que podría fijarse de acuerdo con cada proyecto concreto, pero nunca inferior al 80%

Las anteriores son, como se ha dicho, algunas ideas que por supuesto no agotan el asunto y que pueden ser discutibles. Lo que parece evidente, es que los intentos de ganar tiempo forzando los trámites, no solamente no consiguen acortar los plazos, sino todo lo contrario, y ello repercute también en las desviaciones de costes.

Hay que evitar a toda costa, y normativamente si es preciso, que los responsables políticos puedan forzar los plazos de inicio de una obra, para obtener supuestos réditos electorales inmediatos, con la esperanza de que sean otros los que años más tarde tengan que asumir los problemas de aumentos de costes y desviaciones de plazos, derivadas de decisiones apresuradas de sus antecesores. Y ejemplos pueden ponerse muchos