SOBRE DESVIACIONES EN COSTES Y PLAZOS

No hay día en que no encontremos en la prensa, general o especializada, alguna noticia que nos informa de las desviaciones que en plazo y en precios se han producido en este o aquel proyecto, bien sea de infraestructuras de transporte o de cualquier otra clase.

En el fondo las desviaciones de plazo se traducen también en desviaciones de coste a través  de los mecanismos de revisión de precios o las reclamaciones que las empresas realizan para cubrir presuntos gastos de estructura ocasionados por el retraso de las obras. Pero además, las desviaciones en los plazos originan el retraso de la puesta en servicio, lo cual causa un perjuicio evidente al interés general que ha justificado la inversión.

Aun teniendo las desviaciones de costes y plazos un carácter bien extendido, ello no significa que no se conozcan sus causa y que no puedan establecerse algunos remedios para las mismas.

En primer lugar nos centraremos en el documento que fija la base de comparación de costes y plazos, es decir en el proyecto constructivo. Si el proyecto fija unos costes y unos plazos erróneos, cualquier desviación que se produzca no será fruto de la mala gestión, sino antes al contrario, el efecto de la corrección de los defectos del proyecto para hacer que la obra cumpla con sus funciones.

Es España los proyectista calculan, en general, los presupuestos y los plazos de una obra de manera determinista. Es decir proporcionan unas cifras sin ninguna referencia a la probabilidad de su cumplimiento real, o lo que es lo mismo dando por supuesto de que su probabilidad de acierto es el 100%. Es decir los números son esos y no otros, y cualquier desviación debería, y de hecho lo es, ser considerada como un error.

Por otra parte las cifras que se fijan el proyecto de forma determinista, corresponden en general  a una situación en que todo funciona según lo previsto sin que quepa la posibilidad de que aparezcan circunstancias imprevistas que afecten ni al plazo ni al precio.

Estos planteamientos están ampliamente superados por aquellas  Administraciones que desean tener un conocimiento realista de costes y plazos, para lo cual obligan a que los proyectistas planteen su trabajo de una forma probabilista de modo que las cifras que ofrezcan se encuentren ligadas a un cierto nivel de probabilidad, estableciendo una relación entre las cifras y su nivel de probabilidad de cumplimiento, de modo que el responsable administrativo del proyecto pueda elegir los niveles de riesgo de sobrecoste y de retrasos que desee asumir.

Esta forma de ver las cosas obliga a que los proyectistas realicen un cuidadosa análisis de los riesgos que pueden presentarse a lo largo de la ejecución del proyecto, fijando unos niveles de probabilidad de su aparición y estableciendo como afecta cada uno de ellos al resultado final.

Esto además de aumentar la calidad del proyecto, porque obligaría a estudiar cuidadosamente las circunstancias de la obra,  supondría una salvaguarda para el proyectista que habría puesto sobre aviso de las circunstancias que pudieran darse y afectar a la ejecución de las obras. Este análisis serviría también para evaluar los correspondientes procedimientos constructivos de modo que pudiera optarse por unos o por otros en función de los riesgos que quisiera asumirse, así como el correspondiente trade off entre coste y seguridad de obtener un  determinado resultado.

La segunda de las fuerzas que operan para influir negativamente en plazos y costes son sin duda, las presiones políticas. La creencia generalizada en que la inauguración de nuevas infraestructuras tiene un efecto electoral beneficioso para quien la efectúa, lleva a forzar los plazos para acompasarlos a las circunstancias electorales.

Esta influencia aparece en dos sentidos, primero forzando a los proyectistas a ofrecer unos plazos muy ajustados, suponiendo que todo va a salir de acuerdo con lo previsto,  y segundo, forzando el inicio de las obras sin tener resuelto el problema de la disponibilidad de los terrenos a lo largo de todo su trazado, en el convencimiento de que las cosas se irán solucionando a su tiempo de modo casi milagroso.

Este tipo de actuación tiene un efecto evidente sobre los costes. Como los plazos anunciados son fugaces y las circunstancias a veces no responden al optimismo inicial, se trata de forzar la terminación de la obra a base de incentivar económicamente al contratista de la obra para que establezca, por ejemplo, tres turnos diarios, cosa que este hace encantado pasando después, claro está, la correspondiente factura, que no se discute demasiado porque cualquier discusión puede suponer la paralización de la obra y no inaugurar a tiempo de las elecciones.

Otro elemento de desviación de costes y plazos radica en el escaso tiempo que se dedica en España a la información pública sobre trazados y características de la infraestructura. En un mes es prácticamente imposible conocer o tener en cuenta las opiniones de todos los afectados por las obras. Por otra parte al incidir en las obras más de una Administración, el cambio de color político de alguna de ellas  puede significar la puesta en cuestión de una solución que se había acordado con la anterior, comenzando un juego de presiones y contrapresiones, al cual colaboran encantados los medios de comunicación locales, que lleva a cambios de trazado o a elección de nuevas soluciones que retrasan y encarecen las obras. Por supuesto que el adjudicatario de la obra contempla todo este proceso con el mayor interés porque sabe que los modificados que pudieran surgir, constituyen una magnífica ocasión para compensar las bajas de la oferta o para mejorar el resultado de la obra mediante las correspondientes reclamaciones.

Lo curioso de este proceso político es que, cuando la obra se termina, muchos de los que critican su desviación en plazo y en costes no recuerdan en absoluto haber sido los causantes de la situación por los cambios que exigieron en su día.

En una próxima entrega se plantearán algunas propuestas para tratar de mejorar las situaciones que aquí de describen