SOBRE DESVIACIONES EN COSTES Y PLAZOS, II

Como continuación a la entrada del día 27 de mayo, propongo alguna ideas que, en mi opinión pueden contribuir a mejorar el panorama de los proyectos de infraestructuras de transporte en lo que se refiere a la precisión en la predicción de plazos y presupuestos.

Por supuesto que no espero que con ello quede solucionado un problema que presenta múltiples facetas, pero si creo que las ideas que se exponen a continuación pueden ser de alguna utilidad. Presentadas de forma muy sintética son las siguientes:

• Establecer en la normativa de redacción de proyectos la obligación de realizar un análisis exahustivo de los riesgos que pueden aparecer en la ejecución de la obra y ligar ese análisis a la fijación del presupuesto y los plazos de ejecución, de modo que uno y otro aparezcan conectados a un cierto nivel de probabilidad, de modo que la autoridad correspondiente pueda elegir ambas cifras sabiendo el grado de probabilidad de que no sean superadas, ademas de conocer las circunstancias que podrían dar lugar a que presupuestos y plazos excediesen del valor de licitación. 
• Lo anterior podría servir para mejorar los procedimientos de adjudicación ya que permitiría valorar las diferentes ofertas sabiendo el riesgo que se asumiría por la Administración al aceptar determinadas bajas o reducciones de plazos. Sería también posible verificar la coherencia de las ofertas al conocer qué riesgos asume el contratista en su oferta, facilitando así futuras negociaciones.
• Formar a los técnicos de las Administración que dirijan las obras en la materia de gestión de riesgos, es decir en su identificación, valoración de la probabilidad de su aparición, efectos, y asignación a la parte mas capaz de mitigarlos.
• Exigir, a la entrada en servicio de una infraestructura, un informe final sobre los riesgos que se han materializado durante su ejecución,  la gestión que se ha llevado a cabo de los mismos y sus efectos en el presupuesto y plazos finales. Este informe sería realizado por el director de la obra y serviría para disponer de un depósito de experiencias que mejoraría la gestión de proyectos posteriores.
• Prolongar durante al menos 12 meses el periodo de información pública, previamente a la decisión definitiva sobre el trazado.
• Regular el modo de organizar las relaciones entre las distintas Administraciones, con competencias que afecten al proyecto, estableciendo periodos de consulta con plazos suficientes y dotados de transparencia.
• Una vez cumplidos los trámites normativos y logrado un acuerdo entre Administraciones, hacer ese acuerdo vinculante para las Administraciones participantes, con independencia de los cambios que pudieran producirse en los siguientes procesos electorales.
• Plantear de forma realista los plazos para la realización de los trámites administrativos de forma que estos no puedan reducirse mas que por razones de urgencia perfectamente tasadas por las normas
• Establecer la obligación para la Administración de disponer, en el momento de la adjudicación, de un alto porcentaje de los terrenos disponibles, que podría fijarse de acuerdo con cada proyecto concreto, pero nunca inferior al 80%

Las anteriores son, como se ha dicho, algunas ideas que por supuesto no agotan el asunto y que pueden ser discutibles. Lo que parece evidente, es que los intentos de ganar tiempo forzando los trámites, no solamente no consiguen acortar los plazos, sino todo lo contrario, y ello repercute también en las desviaciones de costes.

Hay que evitar a toda costa, y normativamente si es preciso, que los responsables políticos puedan forzar los plazos de inicio de una obra, para obtener supuestos réditos electorales inmediatos, con la esperanza de que sean otros los que años más tarde tengan que asumir los problemas de aumentos de costes y desviaciones de plazos, derivadas de decisiones apresuradas de sus antecesores. Y ejemplos pueden ponerse muchos

COMENTARIOS AL INFORME DEL COMITÉ DE EXPERTOS SOBRE EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (Junio 2013)

    1. En primer lugar una cuestión de forma pero que tiene su importancia. El informe no contiene ni una copia del encargo del Gobierno, ni una relación de los nombres y las circunstancias profesionales de sus miembros. Esto, que puede parecer irrelevante tiene una importancia capital a la hora de juzgar el contenido del trabajo y ello por dos razones:

• • Conocer cuál era la intención del gobierno a la hora de encargar el informe. A este respecto solo se dice que el trabajo proviene de un encargo realizado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril para  definir “un factor de sostenibilidad del sistema de seguridad social”. No hubiese costado gran cosa reproducir el Acuerdo del Consejo de Ministros para comprobar la libertad de que gozaba el comité a la hora de cumplir el encargo del gobierno
• • La dedicación y experiencia profesional de los miembros del Comité es un elemento determinante a la hora de juzgar su trabajo. Nadie por muy experto que sea, es totalmente independiente de sus circunstancias profesionales y siendo el asunto de las pensiones de alta sensibilidad y objeto de atención por sectores relevantes del sector financiero, tanto de la banca como de las aseguradoras, hubiera sido conveniente que en el informe figurasen las ocupaciones de los autores del trabajo así como sus posibles relaciones con estos sectores.

2.   Hay que reconocer que el informe supone un esfuerzo destacable, sobre todo por la rapidez de su realización, escasos dos meses, lo cual demuestra una enorme dedicación por parte de sus miembros que además en su parte mayoritaria parece que tenían claras cuales habían de ser las consecuencias del  Informe probablemente antes de iniciar el trabajo. Parece que un asunto de esta complejidad podría haber requerido algo de tiempo suplementario para abordar a fondo una cuestión que puede afectar a millones de personas. Por lo demás es de señalar el empeño por mantener una exquisita corrección política, evitando en todo momento crear alarmas sobre los resultados de las reformas propuestas

3.  La impresión que produce e la lectura del informe es que el objetivo fundamental del mismo, bien disimulado a través de unas bien elaboradas coartadas técnicas, por lo demás apoyadas en matemáticas bastante sencillas, es conseguir una reducción de la proporción entre el salario medio y la pensión media.

 Esto es tan importante para el informe que lo repite ¡dos veces! con idénticas palabras en unos párrafos repetidos en la página 21 y en la página 30. En ambas citas se dice que la aplicación de los factores de equidad intergeneracional FEI y de revalorización anual FRA, a los que luego me referiré, harán que la pensión media represente un porcentaje menor del salario. Esto a los autores del informe les preocupa mucho porque “dificultaría la consecución de uno de los objetivos asignados por la Unión europea a un sistema de pensiones .mantener unos estándares de bienestar económico de la población jubilada próximos a los que mantenía en su etapa activa”

 El informe continúa: Ante esta situación la sociedad española a través de sus representantes políticos puede elegir entre una combinación de las siguientes alternativas (la negrita es original) con las que hacer frente a los efectos del previsible aumento del número de pensiones y evitar al menos parcialmente una reducción en el porcentaje que representa la pensión media sobre el salario medio:

• • Aumentar el número de cotizantes incentivando la prolongación de la vida activa de los trabajadores y mediante reformas estructurales que incentiven el crecimiento, reduzcan rápidamente el desempleo y aumenten la población activa como consecuencia de nuevos flujos migratorios, atraídos por ese mayor crecimiento
• • Aumentar los tipos impositivos, incrementar el porcentaje de los salarios que constituye la base de cotización y aportar ingresos adicionales al sistema de pensiones, por ejemplo en la línea de los niveles existentes de media en los países de la Zona Euro
• • Aceptar la disminución de la ratio de la pensión media sobre el salario medio asumiendo que los jubilados reciban pensiones del sistema público (las cuales pueden seguir aumentando en términos reales), que podrían incrementarse con ingresos procedentes del ahorro privado ( esta negrita es mía)

El párrafo anterior aparece cómo se ha dicho dos veces. Fíjense en lo que hemos denominado corrección política: se señala que las pensiones públicas podrían seguir aumentando (bien difícil con las fórmulas propuestas) y, ¡atentos!, nada de fondos privados de pensiones “ingresos procedentes del ahorro privado”, como si estuviésemos hablando del dinero guardado en el calcetín. 

     Como verán a continuación el Informe establece previsiones sobre las reducciones en las pensiones en el caso del FEI y menciona que aun con la aplicación del FRA, las pensiones podrían seguir aumentando, pero no hace una sola previsión sobre como quedaría la relación entre la pensión media y el salario medio y como evolucionaría respecto de la actual

      Resulta extraño que no se haga ese cálculo cuando la cuestión preocupa tanto a los autores que la repiten textualmente dos veces a lo largo del informe.

     4. El factor de equidad intergeneracional  FEI y el factor de revalorización anual FRA constituyen el elemento técnico  para justificar el fin buscado.

     Respecto al FEI cabe pensar si el retraso en la edad de jubilación previsto no cubre ya este efecto, porque en un sistema de reparto la solidaridad intergeneracional viene más bien de una igualdad en los años trabajados que de las cantidades cotizadas, como ocurriría si se tratase de un sistema de capitalización individual. Pero como de lo que se trata en el informe es de rebajar la relación pensión/salario, le viene bien hacer esta referencia a las cantidades, de nuevo adobada por expresiones de gran corrección política. 

Se propone una fórmula inversamente proporcional en función de la esperanza de vida que tiene la ventaja de que los primeros años afecta relativamente poco y así da tiempo para que los que tienen “capacidad de reacción” reaccionen, se supone que suscribiendo los correspondientes fondos de pensiones. Con todo y con eso, para 2051 se produciría una disminución de algo menos del 20% en la cuantía inicial de la pensión

Para que los afectados puedan “reaccionar” se prescribe, so capa de transparencia, que la Seguridad Social les avise con tiempo de cómo quedaría su pensión, para que vayan ahorrando poniendo su dinero en los mecanismos financieros que las entidades aseguradoras pondrían a su disposición

5. El factor de revalorización anual FRA es algo más sofisticado en su aparato matemático (hay derivadas logarítmicas y un aproximación líneal por Taylor, medias móviles, etc. ) .Aquí no hay previsiones claras aunque se dice  pudiera ser, que las pensiones terminaran revalorizándose. Para que las pensiones se revalorizaran con la tasa de inflación, los ingresos y los gastos (en medias móviles) deberían estar equilibrados y el crecimiento de los ingresos ser igual al de las pensiones más el efecto sustitución (todo ello en porcentajes)

6. La conclusión que se obtiene es que el resultado del informe estaba decido de antemano y consistiría, en mi opinión, en proporcionar una coartada técnico- política al intento de rebajar la relación pensión media/ salario medio con el fin de que necesiten suscribir fondos de pensiones aquellos colectivos que en este momento no sienten la necesidad de hacerlo. Hay que recordar que este negocio ha estado restringido en España a aquellos colectivos con rentas salariales superiores a la base máxima de cotización, bien apoyado en el hecho de la limitación de la pensión máxima del sistema.

Por cierto cabe señalar que el informe ni siquiera menciona de pasada, como elemento de aumento de ingresos, el destope de las bases máximas.

Estoy seguro de que alguno de los expertos redactores conoce perfectamente cuál es el  orden del porcentaje entre la pensión media y salario medio a que conducen el FRA y el FEI. En honor a la transparencia que tanto predica el informe, debería haberse publicado

Hay que reconocer que el informe se apoya en la necesidad de racionalizar el sistema de pensiones públicas de seguridad social en tiempos de crisis, cosa que nadie discute y que ya está previsto por la reforma del año 2011 pactada por los sindicatos y diseñada por expertos del propio sistema público.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS 6 DE JUNIO

Unas muy breves palabras que quiero iniciar con el agradecimiento al Colegio, en mi nombre y en el de todos los galardonados, por la concesión de la medalla al mérito profesional.

A continuación quiero felicitar a todos los compañeros a los que se han concedido distinciones en el día de hoy. Todas ellas muy justas y muy en consonancia con sus realizaciones y merecimientos.

Por lo que a mí mismo respecta, no me resisto a recordar unas palabras de mi primer jefe, Florencio del Pozo Frutos, que con motivo de recibir una medalla, creo recordar que de la Asociación Técnica Española del Pretensado, como viera que yo tenía una expresión admirativa, me dijo algo así como “No te preocupes, ya te tocará, es una cuestión de años” y así es en mi caso y bien a mi pesar, lo de los años.

Es costumbre en este tipo de actos que quien interviene, haga alguna referencia al recorrido profesional de aquellos en cuyo nombre  habla. En este caso 16 compañeros y una compañera todos con trayectorias de grandísimo mérito. No voy a extenderme en esto, porque de la lectura de sus historiales profesionales se deriva claramente cuáles son sus logros y realizaciones a lo largo de los años, que son tantos, que su mera enunciación haría muy extensa mi intervención.

No continuaré, por tanto por ese camino, por una mera cuestión de tiempo,  que haría falta mucho y aunque dicen los clásicos que es de mal tono hablar de nosotros mismos, creo que en este momento puede resultar pertinente dedicar algún tiempo a hablar de nosotros, es decir, de los ingenieros de caminos como profesión

Somos una profesión antigua y respetable que ha ejercido sus tareas a lo largo de los tiempos con brillantez y eficacia y a veces en campos alejados, en principio de nuestra formación original: dirección de empresas, finanzas, ejercicio de altos cargos en las Administraciones Publicas, entre otros.

Por no remontarnos a tiempos demasiado lejanos, en el pasado más reciente, los ingenieros de caminos españoles hemos despertado la admiración internacional por ser los responsables técnicos del enorme desarrollo que en materia de infraestructuras ha tenido España en los últimos años. Esto no es más que la constatación de una realidad, y reconocerla nos debe satisfacer a todos.

Pero las cosas  últimamente han cambiado, no poco, y no desde luego para bien. La crisis general que vivimos, centrada sobre todo en aspectos económicos, que ha incidido en la vida de todas las personas, ha afectado también a nuestra profesión.

En mi opinión, esta afección se ha producido en tres aspectos y en ninguno de ellos sus consecuencias han sido positivas o favorables, al menos en una primera instancia.

El primer efecto de la crisis sobre nosotros, es que se considera al exceso y posterior caída de actividad en el sector de la construcción, un factor clave para explicar la intensidad especial con que la crisis ha azotado a España, en materia de  deuda y desempleo. Se hace responsable a la burbuja inmobiliaria del alto nivel de paro y de la extraordinaria deuda de las instituciones financieras y existe un consenso considerable sobre que deben buscarse nuevas vías de crecimiento, distintas de la construcción, para relanzar nuestra economía y crear  empleo. Vías basadas en la inversión en conocimiento y en I+D +i

En segundo lugar y también con motivo de la crisis, se dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y se pone como ejemplo de ese desahogo presupuestario, la inversión en infraestructuras ineficientes o poco sostenibles económicamente, señalándose como ejemplos los aeropuertos sin aviones, las autopistas sin coches o, lo que a mí más me duele personalmente, los trenes sin viajeros.

En tercer lugar,   la reacción a la crisis por la vía de la austeridad materializada en la lucha contra el déficit presupuestario, ha originado una disminución drástica y repentina de la inversión en obra pública por parte de todas las administraciones, lo que ha conducido a la existencia de un alto nivel de desempleo en nuestra profesión concentrado, sobre todo, en los nuevos ingenieros de caminos. Pensemos que casi la mitad  de los titulados de las dos últimas promociones está en paro. Así nuestros compañeros más jóvenes tienen que afrontar una situación radicalmente diferente a la que conocieron cuando iniciaron sus estudios.

Ante todo esto, me parece que sería oportuna alguna reflexión colectiva y aun no siendo este, momento para profundizar en estas cuestiones, si cabe hacer algún apunte tratando de situarse en un punto intermedio entre el inmovilismo optimista que desconoce la realidad y el pesimismo paralizante, que al igual que su contrario, impide toda acción por creer que nada puede mejorarse.

De las tres cuestiones planteadas, me referiré más que nada a las dos últimas ya que la referida a la burbuja inmobiliaria toca más de lleno a otras profesiones, pero no obstante  si me gustaría señalar, que los ingenieros de caminos, tenemos mucho que aportar en la tarea de generar conocimientos e innovación en el campo de la construcción que tengan reflejo en el conjunto de la economía y  que contribuyan a la generación de nuevos modelos de crecimiento. No hay más que pensar, por ejemplo en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental.

Por lo que respecta a la segunda, los ingenieros de caminos somos una pieza clave en el sistema español de producción de la obra pública y por tanto debemos trabajar para volverla a colocar en el centro del aprecio de la sociedad.

Para ello tenemos que reforzar nuestros conocimientos e incrementar nuestro papel en la gestión de los instrumentos de planificación y evaluación de las inversiones, haciendo uso de los conocimientos y de la racionalidad que son propias de nuestra profesión.

Debemos  pues fortalecer nuestras técnicas para robustecer nuestra posición en los procesos de decisión,  siendo capaces de evitar, de ese modo, equivocaciones que resultan muy costosas para el contribuyente y que además son motivo de escándalo en tiempos de escasez económica.

Desde nuestros conocimientos, y ejerciendo con firmeza nuestra profesionalidad podemos logar que las inversiones en infraestructuras se basen en datos y análisis técnicos racionales. De este modo se producirá un uso más eficiente de los recursos públicos

Las infraestructuras no son un fin en sí mismas, sino que están orientadas al propósito económico y social que sirven. Nadie debe pensar que defendemos la inversión en nuevas infraestructuras desde una óptica cerrada y concentrada en nuestro propio interés, sino que lo hacemos pensando en la sociedad en su conjunto.

Debemos defender las infraestructuras como lo que son: una pieza clave en el crecimiento económico y en el bienestar ciudadano y ello es así, porque sirven de soporte a la prestación de unas actividades y servicios que promueven el crecimiento y el bienestar.

Respecto a la tercera cuestión, tenemos que trabajar para que los ingenieros jóvenes encuentren salidas profesionales dignas, aumentando el nivel de tecnificación de nuestras actividades. Si como ocurre en este momento, y al igual que las empresas, los ingenieros tienen que buscar trabajo fuera de España, que ello sea una oportunidad para su desarrollo  y que puedan hacerlo en las mejores condiciones profesionales posibles.

Precisamente por esto último, quiero reconocer la labor de todos los compañeros y compañeras que con el apoyo del Colegio están trabajando para conseguir la equiparación de nuestros estudios al título de master europeo. El esfuerzo que están haciendo lo es en beneficio de todos y por eso deben tener nuestro máximo soporte y agradecimiento.

Termino. Decía Juan Benet que su profesión, ingeniero de Caminos, era una profesión digna y tenía sin duda alguna,  razón. También y como he dicho al principio es una profesión brillante.

Pero esa dignidad y brillantez no se otorgan gratuitamente, requieren esfuerzo constante y vigilancia continuada. Por la dignidad y la brillantez de nuestra profesión hay que trabajar todos los días, evitando caer en las múltiples trampas que encierra toda actividad relacionada con el interés público y con los dineros públicos.

Estoy seguro de que todos estamos de acuerdo en que cuando se defienden posturas apoyadas en el conocimiento, en el trabajo y en la digna práctica profesional las crisis terminan superándose y aparece de nuevo el éxito.

Muchas gracias